Miradas al Sur. Año 3. Edición número 149. Domingo 27 de marzo de 2011
Por Ricardo Ragendorfer y Sebastián Hacher
delitosypesquisas@miradasalsur.com
Las sospechas de zonas liberadas en los alrededores de la cancha de Vélez y los reflejos de la Policía Federal para defender su recaudación ilegal
Debido a que la víctima de la jornada, Ramón Aramayo, era un simpatizante de San Lorenzo que exhaló su último suspiro en las inmediaciones del estadio José Amalfitani poco antes de comenzar el partido con Vélez Sársfield, la cobertura de lo sucedido corrió por cuenta de cronistas deportivos. Y éstos, tanto en medios gráficos como televisivos, no resistieron a la tentación de calificar tal epílogo como un hecho “triste y vergonzoso”, cargado de “locura” y con actores –a los que tildan de “vándalos” e “inadaptados de siempre”–, que “volvieron a escribir un capítulo sangriento en la historia negra del fútbol argentino”. Como si lo que pasó hubiera tenido el carácter inexorable de una catástrofe climática.
Sin embargo, semejante festival del adjetivo fue ilustrado con un documento visual estremecedor: fotos y filmaciones que muestran a una horda policial en el preciso instante de ensañarse con el desafortunado Aramayo, quien habría cometido el terrible pecado de resistirse a un cacheo. Ya se sabe que al rato, éste dejaría de existir. Lo cierto es que su muerte dejó al desnudo una grave irregularidad en el operativo de seguridad –que algunos denominan “zona liberada”–, además de poner al descubierto esa compleja trama de asuntos que hasta el domingo pasado sólo era un secreto a voces: la convivencia entre la barra brava del club de Liniers con la comisaría 44ª, los negocios de ambos en la zona, la denodada lucha de los uniformados por conservar el control de la caja propiciada por los servicios adicionales en espectáculos deportivos y –en un marco más general– marcar la cancha a las autoridades políticas de las cuales depende la Policía Federal. En su edición del 20 de marzo –el mismo día en que falleció Aramayo–, Miradas al Sur reveló la existencia de un plan de operaciones –ideado por altos oficiales, tanto retirados como en actividad– para restaurar los atributos del comisariato, borrados de un plumazo por la actual gestión ministerial.
La pelota sí se mancha. Tal como sucedió en 2002 con Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, la agresión policial que concluiría con el deceso de Aramayo fue debidamente registrada por camarógrafos y reporteros gráficos que a las 15.45 del domingo estaban en la calle Barragán al 200.
Un edema, junto a una hemorragia pulmonar y cerebral provocaron la muerte del hincha de San Lorenzo, según reveló la autopsia practicada el lunes. El cuerpo de Aramayo presentaba, además, lesiones en las mejillas, en las rodillas, en los codos y en la región dorsal, que fueron producidas en el forcejeo con los efectivos policiales. Sin embargo, los estudios mostraron que el tamaño del corazón de Aramayo era superior a lo normal; en consecuencia, el informe forense señala que esas lesiones “no tienen idoneidad para provocar la muerte, pero si el occiso tenía alguna patología previa, pudo haber acelerado el deceso”. Dicho de otro modo, la acción de los uniformados sobre su presa no causó su fallecimiento sino que únicamente se la apuró.
Al respecto, el fiscal de instrucción Patricio Lugones caratuló la causa como “muerte dudosa sospechada de criminalidad”. En tanto que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, decidió pasar a “disponibilidad preventiva” a cuatro efectivos de la comisaría 44ª. En resumidas cuentas, es posible que el final de aquella vida no haya sido premeditada, pero no menos cierto es que, durante esa tarde, el escenario de los acontecimientos había sido preparada para la tragedia.
El enfrentamiento entre las hinchadas de Vélez y San Lorenzo empezó en el 2003. El 2008, tuvo su capítulo más violento cuando un hincha de Vélez fue baleado en el trayecto hacia la cancha de San Lorenzo. En septiembre de 2010, durante un partido contra Vélez en el Nuevo Gasómetro, hubo dos heridos de gravedad. Por ello, el partido del domingo pasado en Liniers estaba programado para jugar sin público. La medida se revirtió por un acuerdo entre los dirigentes de ambos clubes, que para limar asperezas almorzaron en un restaurante de Belgrano.
La medida se tomó a pesar de que los intentos de ambas hinchadas por enfrentarse eran previsibles no sólo por la historia reciente de ambos clubes, sino porque durante la semana los mensajes en redes sociales, foros de discusión e incluso por radio entre ambos grupos no fueron pocos.
El domingo, en la previa al partido hubo dos emboscadas protagonizadas por la barra de Vélez. En ambas, se sospecha que la policía dejó la zona liberada. En la primera participaron cincuenta barras de Vélez que interceptaron a una decena de hinchas de San Lorenzo que iban hacia el estadio por la avenida Rivadavia. Los azulgranas seguían la entrada tradicional para los visitantes: cruzar la barrera de la calle Barragán y entrar a la cancha por Álvarez Jonte y Reservistas Argentinos. Ese ingreso es el que se usa desde hace años. Nadie supo explicar cómo en ese trayecto apareció el grupo de Vélez que los atacó con piedras.
El segundo incidente fue el más grave. La policía retuvo durante 40 minutos a dos micros con hinchas de San Lorenzo venidos desde el conurbano. La Banda del Oeste -así se llama el grupo– tenía que tomar la General Paz y bajar en Rivadavia para no encontrarse con los de Vélez. Pero la policía, de forma inexplicable, los guió para que bajasen en Juan B. Justo, donde estaban los hinchas rivales. El enfrentamiento duró varios minutos, hasta que la policía intervino con gases, un cordón de Infantería, caballos y varios balazos de goma. El sonido de los disparos quedó registrado en los videos filmados desde los edificios vecinos.
En una de las entradas a la cancha estaba Juan Carlos Blanco, el responsable de la seguridad en el fútbol a nivel nacional. Lo acompañaba parte de su equipo técnico. Lo poco que alcanzó a ver fue a 400 hinchas de San Lorenzo que entraban a la cancha como si fueran un malón. “Si no nos corríamos –dijo más tarde un aterrorizado trabajador del club– nos pasaban por arriba. Y la policía no hizo más que abrirse para darles paso. Nunca vi algo igual.”
En la entrada a la cancha, los dos equipos cumplieron con lo pactado en el almuerzo del viernes: salir con la bandera del contrario. A seis minutos del partido, el arbitro Sergio Pezzotta cobró un tiro libre a favor de Vélez, cerca del área contraria. Unos 20 segundos después, con la barrera formada y un jugador a punto de patear, el arquero Pablo Migliore cayó al piso: le habían dado con un rollo de papel en la cabeza. El objeto salió de la tribuna de Vélez. Casi al mismo tiempo, en la tribuna contraria, la barra de San Lorenzo descolgaba las banderas. El final ya estaba escrito.
“Esto va a terminal mal”, murmuró el jefe del operativo cuando el arbitro le fue pedir opinión. Acto seguido, suspendió el partido. En la popular visitante, los hinchas rompieron el alambrado y tiraron todo lo que se podía, incluyendo la sartén de un puesto de hamburguesas, un dato que –por lo inédito– descolocó a los observadores: nadie, ni en los peores enfrentamientos, suele agarrársela con esos locales. Pero ya se sabe, la violencia es la continuación del fútbol por otros medios.
Rapsodia en azul. El romance entre la comisaría 44ª y la Pandilla de Liniers no es nueva. Tampoco lo son el resto de los negocios policiales en una jurisdicción que tiene casi 900 manzanas y una serie de negocios que van desde la seguridad en el fútbol y recitales, hasta la protección de prostíbulos, además de otras actividades tan lucrativas como ilegales.
En marzo de 2009, dos policías de la 44ª fueron detenidos y acusados de secuestrar narcotraficantes y ladrones con fines extorsivos. Los oficiales solían trabajar en la jurisdicción de su propia comisaría, donde paseaban a sus víctimas para negociar rescates de hasta 40 mil dólares. La banda era mixta: entre sus cómplices había dos miembros de la barra de Vélez.
El antecedente más conocido de la relación entre barras del Fortín y los federales es el de la represión en el recital de Viejas Locas en el estadio Amalfitani, en noviembre de 2009. Ese día, los testimonios señalaron al comisario Eduardo Meta como instigador de la violencia que dejó 30 heridos, 44 arrestados y a Rubén Carballo muerto. Los testigos aseguraron que la policía le abrió paso a la barra de Vélez y, más tarde, le dejó el territorio libre para golpear a los fans de la banda. La faena culminó con balas de goma, infantería y un carro hidrante.
Después del escándalo por la muerte de Carballo, el comisario Meta y toda la cúpula de la 44ª fue removida. En su lugar asumió el comisario Eduardo Bayot, pero los problemas no terminaron. En la zona de Liniers funcionan cerca de 60 prostíbulos, y la mayoría siguieron haciéndolo durante su gestión. El más famoso de ellos está en Lisandro de la Torre 472, arriba de un pelotero para niños y al lado de un colegio primario. Las organizaciones del barrio lo denunciaron durante casi tres años, pero no tuvieron eco. Cada vez que lograban una clausura, un allanamiento o una inspección, fueron testigos de cómo la policía avisaba preciamente a los investigados.
Envuelto en esa dinámica, Bayot duró sólo ocho meses en el cargo, y fue trasladado a la comisaría 13 de Caballito. En su lugar asumió el comisario Carlos Stamato, que llegó a la seccional junto a los subcomisarios Oscar Javier Dolcemascolo y Héctor Del Papa.
Además del operativo del domingo, en el barrio todas las organizaciones coinciden en que con ellos nada cambió.
“La comisaría 44ª está en connivencia con grupos criminales que explotan la prostitución en la zona. Los vecinos hablan de áreas liberadas. Hay zonas donde se desvalijan en una cuadra varias casas y se le roban las ruedas a varios autos sin que pase nada. Cuando la Afip quiso hacer una inspección en varios locales clandestinos, fueron atacados, y no hubo personal policial suficiente para defenderlos.” El diagnóstico lo hace el abogado Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.
Los vecinos parecen compartir su opinión. El 9 de marzo, más de 300 personas cortaron avenida Rivadavia y Lisandro de la Torre, para reclamar mayor seguridad en el barrio. Las organizaciones que convocaron a la manifestación no exigieron mayor presencia policial, sino que denunciaron a la fuerza por su complicidad con las redes de prostitución que funcionan en lo que los vecinos califican como una zona liberada permanente.
La suboficial de la Policía Federal Verónica Maidana fue secuestrada por denunciar prácticas similares. Maidana había descubierto que su novio liberaba zonas para que los punguistas pudieran trabajar en la jurisdicción de la comisaría 1a. La mujer denunció a su prometido y rompió relaciones con él. Tres meses después, el 12 de enero, fue secuestrada, torturada y violada durante cinco días en lo que parecía ser un prostíbulo o un aguantadero. A la semana de cautiverio, cuando logró escapar, lo primero que hizo fue intentar ubicarse en el mapa. Estaba en el barrio de Liniers.
No parecía casualidad.
Informe: Jimena Rosli
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